El equipo profesional de las Unidades de Inclusión de Castilla-La Mancha, integrado por seis educadoras sociales distribuidas por las distintas provincias de nuestra región, ha comenzado su labor con una magnífica acogida entre las personas beneficiarias, compañeros y compañeras de trabajo, familiares y entidades sociales implicadas.
Este proyecto, de carácter innovador y pionero en nuestro país, tiene como objetivo principal favorecer la adaptación y el rendimiento de funcionarios y funcionarias públicos con un grado de discapacidad reconocido en sus puestos de trabajo, mediante un acompañamiento técnico y humano que responde a sus necesidades individuales y contextuales.
Las Unidades de Inclusión han sido concebidas desde una estrategia colaborativa, con un fin claro: trabajar en coordinación con todos los actores que conforman la red de apoyo de las personas con discapacidad que ejercen su labor en la función pública. No se pretende sustituir a ninguna entidad ni equipo que ya ofrece apoyo en los distintos territorios; al contrario, el objetivo es fortalecerlos, posicionarlos y generar sinergias, aunando esfuerzos, unificando criterios y protocolos de actuación que permitan construir un sistema sólido y efectivo capaz de responder a las necesidades de todos los trabajadores y trabajadoras públicos con discapacidad en cualquier punto de Castilla-La Mancha.
El proyecto se encuentra en fase de experiencia piloto, con el propósito de testar un modelo viable y sostenible de apoyo al servicio del empleo público inclusivo. En este contexto, resulta esencial el papel de las entidades sociales de cada provincia, así como la implicación de funcionarios y funcionarias que actúan como apoyos naturales dentro de los centros de trabajo, siendo piezas clave para garantizar el éxito del acompañamiento.
Desde el inicio, las profesionales que integran las Unidades han sido valoradas muy positivamente por su compromiso, cercanía y cualificación técnica, generando un clima de confianza y colaboración que se extiende tanto a los beneficiarios y beneficiarias como a sus equipos de trabajo, familias y entorno social.
Este avance no sería posible sin la decidida apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por una función pública verdaderamente inclusiva, situando a nuestra región como referente nacional en el impulso de modelos de apoyo personalizados e integradores. En este sentido, la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital desempeña un papel protagonista, liderando una estrategia de garantías para el acceso y la permanencia en el empleo público de personas con discapacidad, desde una visión de equidad, responsabilidad y compromiso institucional.
Junto a ella, la Consejería de Bienestar Social asume un rol clave en el desarrollo e implantación de las Unidades de Inclusión, coordinando de forma activa la participación de las entidades sociales del territorio, que aportan su conocimiento, experiencia y cercanía a los entornos reales de trabajo.
Además, se prevé la incorporación de nuevas medidas y actuaciones dentro del marco de este importante proyecto, con el objetivo de fortalecer aún más la estrategia de apoyo y ampliar su impacto, contribuyendo así al diseño de una administración cada vez más accesible, equitativa e inclusiva.