La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de su Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, lidera un proyecto piloto pionero en España, orientado a facilitar la adaptación y el rendimiento profesional de empleados y empleadas públicas con discapacidad intelectual reconocida.
En el centro de esta innovadora iniciativa se encuentra un modelo de colaboración activa y coordinada entre las entidades sociales especializadas en capacitación y apoyo a personas con discapacidad, dependientes de la Consejería de Bienestar Social, y los equipos profesionales de las Unidades de Inclusión de Castilla-La Mancha. Esta alianza estratégica está permitiendo generar una red de apoyos estable y eficaz en todas las provincias de la región, ofreciendo acompañamiento individualizado en el entorno de trabajo.
La comunicación constante y el trabajo conjunto entre los equipos técnicos que operan en las distintas provincias garantiza una atención personalizada, contribuyendo a la superación de barreras y favoreciendo un desempeño laboral óptimo por parte de los funcionarios y funcionarias participantes.
Esta iniciativa no solo representa un avance en materia de inclusión laboral dentro de la administración pública, sino que responde además a una demanda histórica de los agentes sociales, manifestada en reuniones mantenidas entre representantes sindicales, entidades sociales y la administración pública, donde se puso de manifiesto la necesidad de implementar medidas específicas que promuevan una inclusión profesional plena y sostenida.
La suma de esfuerzos entre todos los actores implicados sitúa a Castilla-La Mancha a la vanguardia de las políticas públicas inclusivas, siendo la primera comunidad autónoma en implementar de manera estructurada una red de apoyos laborales para personas con discapacidad intelectual en el ámbito de la función pública.